Este incidente, presentado por la administración Trump como un golpe al "narcoterrorismo", ha sido denunciado por Venezuela como una "ejecución extrajudicial" y ha generado dudas sobre su legitimidad y apego al derecho internacional.

El 2 de septiembre, una lancha rápida fue destruida en el mar Caribe, resultando en la muerte de sus 11 tripulantes. El presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que la embarcación transportaba drogas desde Venezuela y que sus ocupantes eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua, a quienes calificaron de "narcoterroristas".

Esta acción fue descrita como el primer ataque reportado desde el inicio del despliegue naval en la zona.

Sin embargo, la versión estadounidense ha sido cuestionada.

El diario The New York Times, citando fuentes militares, reveló que la nave habría intentado maniobrar en retirada tras detectar un avión de vigilancia, lo que contradice la justificación de un enfrentamiento inminente. Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente los hechos, acusando a Washington de manipular imágenes mediante inteligencia artificial y de cometer un acto de agresión. El presidente Gustavo Petro de Colombia también se refirió al incidente como un "asesinato".

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió a Estados Unidos que la lucha contra el narcotráfico no justifica ejecuciones extrajudiciales, subrayando que "no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas". Este evento ha intensificado el debate sobre la legalidad de las operaciones estadounidenses y el uso de fuerza letal en aguas internacionales.