El despliegue, considerado uno de los mayores en la región desde la década de 1980, incluye al menos ocho buques de guerra, como los destructores de misiles guiados USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, un submarino de propulsión nuclear y el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, con un contingente de aproximadamente 4.500 efectivos, incluyendo 2.200 infantes de marina. La administración Trump ha justificado esta presencia militar como una operación necesaria para combatir a organizaciones calificadas de "narcoterroristas", como el Tren de Aragua y el denominado "Cartel de los Soles", al que acusa de ser liderado por el propio Nicolás Maduro. Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.

UU., afirmó que están preparados para "usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas".

Sin embargo, esta movilización ha sido calificada por algunos analistas como un ejemplo de "militarismo performativo", un espectáculo diseñado para exhibir fuerza y alimentar titulares más que una estrategia de seguridad coherente. Desde Caracas, la respuesta ha sido de condena rotunda. El gobierno venezolano ha denunciado la operación como una violación a la Carta de las Naciones Unidas y al Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina como zona libre de armas nucleares. El presidente Nicolás Maduro calificó el despliegue de "ilegal" y una "amenaza criminal y sangrienta", mientras que líderes regionales como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lo han criticado como un "factor de tensión".