Fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron una embarcación en aguas internacionales del Caribe, causando la muerte de sus once tripulantes, en una acción que ha sido calificada por Washington como un golpe contra el narcoterrorismo. El incidente ha generado una fuerte condena por parte de Venezuela y ha suscitado un debate sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza letal en operaciones antinarcóticos. El 2 de septiembre, el gobierno de Donald Trump confirmó el "ataque letal" contra una lancha rápida que, según sus informes de inteligencia, transportaba drogas desde Venezuela y estaba tripulada por miembros de la banda criminal Tren de Aragua. El presidente Trump aseguró que en la operación murieron once "narcoterroristas". Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó esta versión, calificando el acto como "once ejecuciones extrajudiciales" y acusando a EE. UU. de manipular imágenes con inteligencia artificial para justificar el ataque.
La controversia se profundizó con revelaciones del diario The New York Times, que, citando fuentes militares, informó que la embarcación habría intentado maniobrar en retirada tras detectar un avión de vigilancia estadounidense, lo que contradice la justificación de una amenaza inminente. El ataque, presuntamente ejecutado con un misil Hellfire lanzado desde un dron MQ-9 Reaper, marca una escalada significativa en la estrategia estadounidense, que tradicionalmente recurría a operaciones de interdicción policial en lugar del uso de fuerza militar letal. Este cambio se ampara en la clasificación de grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como organizaciones "narcoterroristas", lo que permite a EE.
UU. aplicar leyes antiterroristas post-11S para atacar objetivos a nivel global.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el hecho como un "asesinato en cualquier parte del mundo", y la ONU expresó su preocupación, recordando que la lucha contra las drogas no justifica ejecuciones extrajudiciales.
En resumenEl ataque estadounidense a una presunta narcolancha venezolana, que resultó en la muerte de once personas, ha escalado las tensiones y provocado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, poniendo en duda la legalidad de la nueva estrategia militarizada de Washington en la región.