El comunicado instó a los afectados a "autodeportarse".

Esta decisión endurece significativamente la postura migratoria de EE. UU. hacia una de las comunidades de exiliados más grandes del país.

Sin embargo, la medida enfrentó un obstáculo legal inmediato. Un juez federal en San Francisco, Edward Chen, emitió un fallo bloqueando la decisión del gobierno, argumentando que la secretaria Noem excedió su autoridad legal y actuó de manera "arbitraria y caprichosa". El fallo representa un alivio temporal para cientos de miles de venezolanos que dependen del TPS para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. A pesar de este revés judicial, la intención de la administración Trump de eliminar esta protección humanitaria es clara y se alinea con una política migratoria más restrictiva. Analistas han señalado la paradoja de que, mientras el gobierno de Trump intensifica su retórica contra el régimen de Maduro, simultáneamente elimina una protección clave para las víctimas de ese mismo régimen.