El presidente Donald Trump confirmó personalmente el operativo, asegurando que la lancha estaba vinculada a "narcoterroristas del Tren de Aragua" y transportaba "cantidades masivas de drogas" hacia Estados Unidos.

El gobierno estadounidense difundió un video del ataque, donde se observa la embarcación siendo impactada, para respaldar su versión. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó rotundamente la veracidad del material, acusando a Estados Unidos de manipular las imágenes mediante inteligencia artificial.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó el hecho como un "invento" y una "gran mentira".

La legalidad de la acción ha sido cuestionada a nivel internacional. La ONU, a través de su portavoz de derechos humanos, pidió a Washington respetar el derecho internacional, señalando que el combate al narcotráfico no justifica ejecuciones extrajudiciales. En la misma línea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el incidente como "un asesinato en cualquier parte del mundo", condicionando la cooperación antidrogas al respeto de las normas globales. El incidente marca un cambio de estrategia por parte de Estados Unidos, que pasó de operaciones de interdicción y captura a emplear fuerza letal, amparándose en leyes antiterroristas post-11 de septiembre que le permiten atacar objetivos globales. La acción ha generado un intenso debate sobre la proporcionalidad y la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en la región.