Sin embargo, el gobierno venezolano ha denunciado la presencia militar como una "amenaza directa" a su soberanía y una violación al Tratado de Tlatelolco, que consagra a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. Analistas señalan que, más allá de la lucha antidrogas, el despliegue ejerce una fuerte presión sobre el gobierno de Maduro, buscando fragmentar su esfera de poder y disuadir actividades ilícitas que le sirven de sustento, como el envío de petróleo a través de navíos fantasma. La magnitud de la fuerza desplegada, que incluye cazas F-35, drones Reaper y misiles Tomahawk, sugiere una capacidad de cerco y ataque que supera ampliamente lo necesario para operaciones de interdicción de drogas, alimentando la especulación sobre una posible escalada del conflicto.