
Gobierno de Trump revoca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 250.000 venezolanos
En un movimiento que vincula directamente la tensión geopolítica con la política migratoria, la administración Trump anunció la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a aproximadamente 250.000 ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos. La medida, que entrará en vigor el 10 de septiembre, elimina la protección contra la deportación y los permisos de trabajo para este grupo, instándolos a “autodeportarse”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión argumentando que el TPS para venezolanos, establecido en 2021, había creado un “claro efecto imán” que impulsaba la migración irregular y socavaba los esfuerzos por asegurar la frontera sur. Esta determinación ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes, quienes sostienen que la profunda crisis humanitaria, política y económica en Venezuela hace inseguro el retorno de estas personas. La decisión fue temporalmente bloqueada por el juez federal Edward Chen en San Francisco, quien consideró que la secretaria Noem excedió su autoridad legal y actuó de manera “arbitraria y caprichosa”. Sin embargo, la intención del gobierno de Trump de endurecer su postura migratoria es clara. Este cambio de política contrasta con la narrativa de apoyo a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro y pone de manifiesto las complejidades y contradicciones de la política exterior estadounidense, donde la presión al gobierno de Caracas coexiste con medidas que perjudican directamente a sus ciudadanos en el exilio.



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