Esta decisión insta a los afectados a “autodeportarse”.

La medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos de los migrantes, quienes advierten que empujará a miles de familias a la irregularidad. Sin embargo, la política ha enfrentado obstáculos legales.

Un juez federal en San Francisco, Edward Chen, emitió un fallo que impide temporalmente al gobierno poner fin al programa, argumentando que la secretaria Noem excedió su autoridad legal y actuó de manera “arbitraria y caprichosa”. A pesar de este alivio temporal, la intención de la administración de terminar con la protección ha generado una enorme incertidumbre en la diáspora venezolana, convirtiendo la política migratoria en otra herramienta de presión en el conflicto bilateral.