La decisión de elevar la recompensa, que duplica la que se ofreció por Osama Bin Laden, subraya la alta prioridad que Washington le otorga al caso venezolano. Funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, han sido enfáticos en su retórica, afirmando que Maduro “es un fugitivo de la justicia estadounidense, no el líder legítimo de Venezuela”. La acusación formal lo señala como “narcoterrorista” y cabeza de una red criminal que utiliza la estructura del Estado para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La presión ha escalado aún más con la propuesta del senador Rick Scott de aumentar la recompensa a 100 millones de dólares, financiada con activos incautados al régimen. Desde Caracas, la respuesta ha sido de desdén, calificando la medida como una “maniobra patética y ridícula” y una “cortina de humo” para justificar una agresión. La estrategia de ponerle precio a la cabeza de Maduro es una táctica de guerra no convencional que busca generar fracturas internas en su círculo de poder e incentivar su entrega, tratando el conflicto como un asunto criminal en lugar de una disputa política entre naciones.