La controversia trascendió las fronteras, con la ONU expresando preocupación por posibles ejecuciones extrajudiciales y el presidente colombiano Gustavo Petro calificando el hecho como un “asesinato en cualquier parte del mundo”. El incidente, ocurrido en aguas internacionales, ha puesto en tela de juicio la proporcionalidad de la fuerza empleada y el respeto al derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico.