La administración Trump ha intensificado su campaña de presión contra el gobierno venezolano al duplicar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, enmarcando el conflicto como una operación contra un “narcoestado”. Esta estrategia busca deslegitimar a Maduro, presentándolo no como un jefe de Estado, sino como el líder de una organización criminal transnacional. La decisión de aumentar la recompensa, una de las más altas ofrecidas por Estados Unidos, es una herramienta clave en la política de Washington para aislar al líder chavista. Al calificarlo como “narcoterrorista”, la Casa Blanca justifica sus acciones militares en el Caribe como una operación de seguridad nacional y no como una intervención política. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido una de las voces más prominentes en esta línea, refiriéndose a Maduro como “un fugitivo de la justicia estadounidense” y “el jefe de una organización logística del narcotráfico”.
Esta narrativa es fundamental para legitimar tanto el despliegue naval como los ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas a cárteles.
La ofensiva se ha reforzado con la propuesta del senador republicano Rick Scott de elevar la recompensa a 100 millones de dólares, financiada con activos incautados al régimen venezolano. Scott argumenta que esta medida es crucial para que la oposición, liderada por Edmundo González, pueda restaurar la democracia.
Desde Venezuela, estas acciones son vistas como una “ridícula cortina de humo” y un “ultraje”. El presidente Gustavo Petro de Colombia también criticó la medida, afirmando que “es un crimen de lesa humanidad bloquear económicamente a un país americano” y un “ultraje para América Latina ponerle precio a la cabeza de un presidente”.
En resumenAl aumentar la recompensa por Nicolás Maduro y calificar a su gobierno de “narcoestado”, Estados Unidos busca criminalizar al liderazgo venezolano para justificar su escalada militar y diplomática. Esta estrategia, que incluye propuestas de recompensas aún mayores, pretende deslegitimar a Maduro a nivel internacional, aunque genera un fuerte rechazo en parte de la región por considerarla una afrenta a la soberanía.
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