Esta movilización, justificada por Washington como una operación contra el narcotráfico, es interpretada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía.

El operativo estadounidense representa una de las mayores demostraciones de fuerza en la región en décadas, involucrando un considerable contingente de activos militares.

Entre los buques identificados se encuentran el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, los transportes anfibios USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, y los destructores de misiles guiados USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. La flota se complementa con el crucero USS Lake Erie y un submarino de ataque de propulsión nuclear, el USS Newport News.

En total, la fuerza supera los 4.500 efectivos, incluyendo 2.200 infantes de marina.

Adicionalmente, Washington ordenó el despliegue de diez cazas F-35 a una base en Puerto Rico. La justificación oficial de la Casa Blanca se centra en la lucha contra el narcotráfico, señalando directamente a organizaciones como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, a las que vincula con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente venezolano ha denunciado el despliegue como “la amenaza más grande que se haya visto en el continente en los últimos cien años”.

Maduro afirmó que “ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela”, calificándolo de una amenaza “extravagante, inmoral, injustificable y absolutamente criminal”. Su gobierno también ha señalado que la presencia de un submarino nuclear viola el Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. Analistas consideran que esta movilización marca un cambio en la estrategia de Washington, pasando de la presión económica a una disuasión militar activa, lo que incrementa el riesgo de un enfrentamiento directo.