Esta estrategia busca deslegitimar al gobierno venezolano y justificar las acciones militares y diplomáticas en su contra.

Washington acusa a Maduro y a altos funcionarios de su gobierno, como Diosdado Cabello, de encabezar una red criminal responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En este contexto, el Departamento de Justicia reconoció formalmente en 2020 la existencia del Cartel de los Soles, designándolo posteriormente como organización terrorista. La recompensa, inicialmente fijada en 15 millones y luego aumentada, alcanzó los 50 millones de dólares bajo la actual administración.

El senador republicano Rick Scott ha propuesto incluso elevarla a 100 millones, financiándola con activos incautados al régimen.

Esta ofensiva judicial y financiera se complementa con una dura retórica por parte de figuras clave.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido explícito al afirmar que Maduro es un “fugitivo de la justicia estadounidense” y “el cabecilla de un narcoestado”. Estas acusaciones son el principal argumento de EE. UU. para justificar el despliegue militar en el Caribe, presentándolo como una operación contra el crimen transnacional. Desde Caracas, estas acciones son vistas como una “ridícula cortina de humo” y una “farsa” para difamar al país y crear un pretexto para una intervención. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también ha cuestionado la existencia del Cartel de los Soles, calificándolo como una “excusa ficticia de la extrema derecha”.