La administración Trump ha dado un paso estratégico clave al designar formalmente a bandas criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación proporciona un marco legal que justifica el uso de herramientas militares y de inteligencia contra estos grupos, vinculándolos directamente con el Estado venezolano. La designación, anunciada por el Departamento de Estado, es fundamental para la narrativa de Washington que presenta al gobierno de Nicolás Maduro no como un actor político, sino como el líder de un “narcoestado”. El presidente Donald Trump, al confirmar el ataque a la embarcación en el Caribe, fue explícito al señalar que los fallecidos eran “narcoterroristas del Tren de Aragua” que operaban “bajo el control de Nicolás Maduro”. De manera similar, el secretario de Estado Marco Rubio ha justificado las acciones militares afirmando que se dirigen contra una “organización narcoterrorista designada”.
Esta política no se limita a Venezuela.
Durante su visita a Ecuador, Rubio también anunció la designación como terroristas de las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, enmarcando la lucha contra el crimen organizado como un esfuerzo regional contra el terrorismo. La medida ha sido replicada por aliados de Estados Unidos en la región; el Congreso de Perú, por ejemplo, aprobó una moción para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista.
Esta clasificación tiene profundas implicaciones: permite a EE.
UU. aplicar sanciones más severas, congelar activos y, crucialmente, autoriza al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra estos grupos fuera de zonas de conflicto tradicionales, como se evidenció en el ataque en el Caribe. Es una herramienta que transforma la lucha antidrogas en una campaña antiterrorista, ampliando significativamente el abanico de acciones coercitivas disponibles para Washington.
En resumenAl clasificar al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles como organizaciones terroristas, Estados Unidos ha redefinido su confrontación con Venezuela, pasando de una disputa política a una de seguridad nacional. Esta medida legitima el uso de la fuerza militar y de inteligencia, proporcionando la base legal para operaciones ofensivas como el reciente ataque naval y endureciendo el cerco sobre el régimen de Maduro.