Sin embargo, la medida representa una herramienta de presión psicológica y política que busca incentivar deserciones y delaciones dentro del círculo cercano al poder en Caracas.

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Como parte de su estrategia de “máxima presión”, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para aislar y capturar a Nicolás Maduro, elevando la recompensa por información que conduzca a su arresto a 50 millones de dólares. La medida, que lo cataloga como un objetivo de alta prioridad, ha sido complementada con una propuesta en el Senado para duplicar esa cifra. El gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización criminal compuesta por altos funcionarios y militares venezolanos dedicada al narcotráfico y la corrupción. La recompensa de 50 millones de dólares es una de las más altas ofrecidas por el Departamento de Estado, lo que subraya la seriedad con la que Washington aborda lo que considera una amenaza a su seguridad nacional. En una nueva escalada, el senador republicano Rick Scott, junto a Marco Rubio, impulsa la ley “Stop Maduro”, que busca aumentar la recompensa a 100 millones de dólares. Scott argumentó que “es importante que Maduro esté en prisión” y que la iniciativa se financiaría con activos incautados al propio régimen venezolano y sus allegados, sin costo para los contribuyentes estadounidenses. Esta estrategia de presión financiera y judicial se ha visibilizado incluso en la frontera colombo-venezolana y en Ecuador, donde activistas han desplegado vallas publicitarias con los carteles de “se busca” de Maduro y otros altos funcionarios como Diosdado Cabello, por quien se ofrecen 25 millones de dólares. El gobierno venezolano ha desestimado estas acciones, calificándolas de “patéticas y ridículas” y como una “cortina de humo”.
Sin embargo, la medida representa una herramienta de presión psicológica y política que busca incentivar deserciones y delaciones dentro del círculo cercano al poder en Caracas.
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