Esta decisión se suma a la suspensión previa de protecciones que ya cobijaban a cerca de 300.000 venezolanos. La medida ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones de migrantes, quienes advierten que un retorno seguro a Venezuela no está garantizado y que la decisión podría empujar a miles de familias a la irregularidad y al riesgo de deportaciones forzosas.