La administración Trump ha justificado su escalada de presión militar y diplomática contra Venezuela bajo una narrativa de lucha contra el narcoterrorismo. Altos funcionarios, liderados por el secretario de Estado Marco Rubio, han calificado al gobierno de Nicolás Maduro como un “narcoestado” y un “fugitivo de la justicia”, negándole cualquier legitimidad como jefe de Estado. Durante una visita a Ecuador, Marco Rubio declaró enfáticamente que Maduro es un “narcotraficante” y un “terrorista”, y no el líder legítimo de Venezuela. Esta postura ha sido el eje de la política exterior estadounidense, que acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó esta visión al advertir que “el único que tiene que estar preocupado es Nicolás Maduro, que ejerce de jefe de un narcoestado”.
Estas declaraciones se han materializado en acciones concretas, como la designación oficial del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación, según Rubio, permite a Estados Unidos utilizar “otros elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para atacar a estos grupos”.
La recompensa por la captura de Maduro fue elevada a 50 millones de dólares, y el senador Rick Scott ha propuesto aumentarla a 100 millones, financiándola con activos incautados al régimen venezolano. El propio presidente Donald Trump ha vinculado directamente las operaciones militares, como el ataque a la embarcación en el Caribe, con la lucha contra el Tren de Aragua, afirmando que dicha organización opera “bajo el control de Nicolás Maduro”. Esta estrategia busca aislar internacionalmente a Venezuela y justificar medidas de máxima presión, incluyendo el uso de la fuerza militar, como una respuesta legítima a una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos.
En resumenEl gobierno de Estados Unidos ha construido un marco legal y discursivo que define al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista, justificando así el despliegue militar, las sanciones y la recompensa por su captura. Esta estrategia, liderada por figuras como Marco Rubio, busca deslegitimar a Caracas y presentar las acciones de Washington no como una intervención política, sino como una operación de seguridad nacional contra el crimen organizado transnacional.