En un significativo revés para la política comercial del presidente Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos por su administración. La decisión, que Trump ha prometido apelar ante la Corte Suprema, pone en duda una de las herramientas de presión económica más utilizadas por la Casa Blanca, incluso en su estrategia contra adversarios como Venezuela. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal dictaminó, con una votación de 7 a 4, que el presidente excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles de manera generalizada. Según el fallo, esta ley no otorga explícitamente al poder ejecutivo la facultad de establecer impuestos de importación, una potestad que la Constitución reserva al Congreso. La decisión afecta a los llamados aranceles “recíprocos” y a las tarifas impuestas a países como China, México y Canadá bajo la justificación de la lucha contra el fentanilo, pero no a los gravámenes sobre el acero y el aluminio, que se basan en otra autoridad legal. Trump reaccionó enérgicamente, calificando la decisión como un “desastre total para el país” y advirtiendo que, de mantenerse, podría obligarlo a “deshacer” acuerdos comerciales ya negociados.
La administración ha solicitado a la Corte Suprema una revisión acelerada del caso.
Aunque los aranceles se mantienen vigentes temporalmente hasta el 14 de octubre, la incertidumbre jurídica podría tener un impacto financiero masivo, ya que, de confirmarse el fallo, el gobierno podría verse obligado a reembolsar decenas de miles de millones de dólares a los importadores. Este conflicto legal es relevante en el contexto de las tensiones con Venezuela, ya que los aranceles son una de las múltiples herramientas de presión económica que Washington utiliza para asfixiar financieramente al régimen de Maduro.
En resumenEl fallo judicial que declara ilegales los aranceles de Trump representa un desafío fundamental a su política comercial y podría limitar una de sus principales herramientas de presión internacional. La batalla legal, que ahora se traslada a la Corte Suprema, no solo definirá el futuro del comercio estadounidense, sino también los límites del poder presidencial en materia económica.
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