Las posturas de los países han sido diversas y, en algunos casos, contradictorias.

El gobierno de Colombia, a través de su canciller, calificó la presencia militar de Estados Unidos como “desproporcionada” y advirtió que “una injerencia no es posible”. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático al afirmar que no apoyará ninguna “invasión” y que los problemas de la región deben ser resueltos por los propios latinoamericanos.

Esta postura contrasta con la de otros países. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, expresó su apoyo a la presencia militar estadounidense para reforzar la seguridad regional, especialmente en el contexto de su disputa territorial con Venezuela por el Esequibo. Gobiernos como los de Ecuador, Argentina y Paraguay también han mostrado su respaldo a las medidas de presión de Washington, llegando a declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Por otro lado, aliados tradicionales de Venezuela, como Cuba y Nicaragua, junto con el bloque del ALBA, han condenado enérgicamente lo que consideran una “demostración de fuerza imperial”.

Esta división refleja la complejidad del escenario geopolítico regional, donde la crisis venezolana se ha convertido en un campo de disputa de intereses y alianzas.