Esta política de recompensas se ha visto reforzada por iniciativas en el Congreso. El senador republicano Rick Scott ha impulsado una propuesta de ley, denominada “Stop Maduro”, que busca duplicar la recompensa actual a 100 millones de dólares. Scott ha insistido en que este incremento no supondría una carga para los contribuyentes estadounidenses, ya que se financiaría con activos incautados al gobierno venezolano y sus allegados.

En sus declaraciones, el senador calificó a Maduro y sus colaboradores como “matones” y subrayó la urgencia de actuar con contundencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha respaldado estas medidas, reafirmando la postura de Washington de que Maduro “no es un mandatario legítimo, sino el jefe de una organización logística del narcotráfico”. El gobierno venezolano, por su parte, ha desestimado estas acciones, calificándolas como una maniobra “patética y ridícula” y una “cortina de humo”. Además de la recompensa por Maduro, Washington ofrece 25 millones de dólares por Diosdado Cabello y 15 millones por Vladimir Padrino López.

Estas acciones, junto con la instalación de vallas publicitarias con las recompensas en Colombia y Ecuador, evidencian una estrategia multifacética que combina la presión judicial, financiera y simbólica para desestabilizar al gobierno de Caracas.