La decisión de revocarlo se justificó citando factores de “seguridad nacional, la política de inmigración y argumentos económicos”. Funcionarios de la administración explicaron que la medida se tomó tras finalizar una designación de TPS de 2023 para un grupo diferente de migrantes venezolanos, lo que impacta directamente a quienes llegaron previamente bajo este amparo. La revocación ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones de migrantes.

Estos grupos argumentan que la persistente crisis humanitaria, económica y política en Venezuela impide un retorno seguro para estas personas. Además, han cuestionado los motivos de la administración, sugiriendo que la decisión podría estar fundamentada en razones discriminatorias más que en una evaluación objetiva de las condiciones en el país suramericano. La medida se suma a un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump y agrava la incertidumbre para miles de familias venezolanas que habían encontrado en Estados Unidos un refugio temporal.