La recompensa se extiende a otros altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello, por quien se ofrecen 25 millones de dólares. La ofensiva judicial se complementa con acciones como la confiscación de un avión propiedad de Maduro en 2024 y de más de 700 millones de dólares en activos. La medida ha tenido repercusiones incluso en la frontera colombo-venezolana, donde apareció brevemente una valla publicitaria en Cúcuta con las fotos de Maduro y Cabello y los montos de las recompensas, generando una controversia local y amenazas contra la persona que la retiró. El gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe de estar detrás de la instalación de la valla, aunque sin presentar pruebas.