La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha acusado directamente al gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con guerrillas colombianas como el ELN y disidencias de las FARC. Según la agencia, esta alianza es fundamental para el envío de “cantidades récord de cocaína” hacia carteles mexicanos y, finalmente, a Estados Unidos. El director de la DEA, Terry Cole, afirmó en una entrevista que “Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia”. Esta declaración formaliza la narrativa de Washington que vincula al Estado venezolano no solo con el narcotráfico, sino también con grupos armados considerados terroristas. La acusación detalla una supuesta cadena de suministro en la que la cocaína, suministrada por grupos colombianos, es traficada a través de Venezuela con la protección de sus fuerzas de seguridad. Esta cooperación, según la DEA, ha convertido a Venezuela en una plataforma clave para los carteles mexicanos que introducen la droga en Estados Unidos.
Estas afirmaciones han sido categóricamente negadas por el gobierno venezolano.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respondió negando la existencia de campamentos de grupos armados colombianos en territorio venezolano.
El propio Maduro ha insistido en que su país es “territorio limpio y libre del narcotráfico”.
La acusación de la DEA es crucial, ya que proporciona una justificación de seguridad nacional para la ofensiva estadounidense, elevando el conflicto de una disputa política a una lucha contra una amenaza narcoterrorista transnacional.
En resumenLas acusaciones de la DEA establecen un vínculo directo entre el gobierno venezolano y redes criminales transnacionales, proporcionando una justificación poderosa para la narrativa antinarcóticos de Estados Unidos y sus correspondientes acciones militares y judiciales en la región.