Este acuerdo, ratificado por Estados Unidos en 1971, establece a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares, y compromete a las potencias nucleares a no usar ni amenazar con usar dicho armamento contra los Estados parte. En su comunicación, Venezuela solicitó a la comunidad internacional cuatro acciones concretas: el cese inmediato del despliegue militar, garantías verificables de no uso de armas nucleares, consultas urgentes en el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), y el respeto irrestricto al carácter desnuclearizado de la región. Esta acción diplomática busca generar presión internacional sobre Washington y enmarcar la operación militar como un acto de agresión ilegal bajo el derecho internacional, mientras la ONU ha pedido a ambas partes “resolver sus diferencias por medios pacíficos”.