Del lado estadounidense, Trinidad y Tobago ha sido uno de los apoyos más explícitos.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar declaró que su país respaldará las operaciones contra los “carteles terroristas de la droga” y permitirá el acceso a su territorio a las fuerzas estadounidenses en caso de un ataque proveniente de Venezuela, argumentando que la violencia ligada al narcotráfico ha afectado gravemente a su nación. A esta postura se suma la de Francia, que ha reforzado su presencia militar en Guadalupe para combatir el narcotráfico, alineando de facto sus intereses de seguridad con los de Washington en la región. Por otro lado, aliados tradicionales de Venezuela como China y Rusia han condenado el despliegue militar. El Ministerio de Exteriores de China expresó su oposición “al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, mientras que el canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó el respaldo de Moscú a Caracas en la defensa de su soberanía. Esta división refleja una reconfiguración de los bloques de poder, donde la crisis venezolana actúa como un catalizador que obliga a los actores internacionales a tomar partido.