La fiscal general de EE.

UU., Pam Bondi, envió un mensaje desafiante: “No hemos terminado.

Seguiremos hasta que el último capo esté tras las rejas en una prisión estadounidense”.

Las acusaciones se han visto reforzadas, según algunos informes, por información supuestamente proporcionada por Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, a cambio de beneficios judiciales en su proceso en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump utiliza esta narrativa de “narcoestado” para justificar su despliegue militar en el Caribe, enmarcado como una operación para desmantelar redes que amenazan la seguridad nacional estadounidense. Desde Caracas, el chavismo ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “cortina de humo” y un pretexto para una intervención. Sin embargo, la designación como grupo terrorista permite a Washington aplicar un amplio abanico de medidas, incluyendo el congelamiento de activos y sanciones a cualquier individuo o entidad que colabore con el cartel, estrechando aún más el cerco financiero y político sobre el régimen de Maduro.