Sin embargo, la magnitud y la capacidad ofensiva de la flota han generado un amplio debate sobre sus verdaderas intenciones. Analistas y diversos gobiernos de la región interpretan la movilización como una estrategia de “presión máxima” contra el régimen de Maduro, con el fin de forzar un cambio político sin necesidad de una invasión a gran escala.

La Casa Blanca ha reforzado esta percepción con declaraciones contundentes.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” para detener el narcotráfico, mientras que el propio presidente Donald Trump ha autorizado al Pentágono el uso de fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos designados como terroristas. Este despliegue es visto como una herramienta de coerción que combina la amenaza militar con sanciones económicas y presión diplomática, buscando generar incertidumbre y costos elevados para el gobierno venezolano hasta forzar concesiones o una transición.