La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha acusado formalmente al gobierno de Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en un “Estado narcoterrorista”. Estas declaraciones, que vinculan al régimen con guerrillas colombianas como las FARC y el ELN, y con carteles mexicanos, constituyen la principal justificación de Washington para su escalada de presión militar y judicial. El director de la DEA, Terry Cole, afirmó en una entrevista que “Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína”. Según Cole, esta droga llega a los carteles mexicanos que la introducen en Estados Unidos, contribuyendo a una crisis de salud pública por el consumo de cocaína, metanfetaminas y fentanilo.
Esta narrativa ha sido respaldada por la Casa Blanca y repetida por altos funcionarios para legitimar las acciones contra Caracas, incluyendo el despliegue naval y las recompensas millonarias. Por su parte, el gobierno venezolano ha rechazado categóricamente estas acusaciones.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negó la existencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue más allá, acusando a la DEA de ser el “mayor cartel de drogas que existe en el mundo”. Este cruce de acusaciones refleja la profunda brecha y la guerra de narrativas entre ambas naciones, donde Estados Unidos utiliza el argumento del narcotráfico para justificar su política de máxima presión, y Venezuela lo descalifica como una excusa para el intervencionismo.
En resumenLa DEA ha calificado a Venezuela de “Estado narcoterrorista” que colabora con grupos armados, proporcionando la justificación central para las acciones de EE. UU. El gobierno venezolano niega rotundamente estas acusaciones y las considera un pretexto para una agresión, en medio de una intensa guerra de narrativas.