Esta medida diplomática acompaña la escalada militar y refuerza la narrativa de Venezuela como un territorio sin ley y hostil a los intereses estadounidenses. A través de un comunicado difundido por su embajada, el Departamento de Estado advirtió sobre los peligros de “detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”. Esta alerta de Nivel 4, la más alta en su escala, limita severamente la capacidad del gobierno de EE.

UU. para prestar asistencia a sus ciudadanos en Venezuela.

La medida se alinea con la postura de la Casa Blanca, que ha declarado públicamente que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo, sino que lo considera un “cartel del narcotráfico”. La advertencia de viaje funciona como una herramienta de aislamiento diplomático, desalentando cualquier tipo de intercambio, ya sea turístico, comercial o académico. Al presentar a Venezuela como un estado fallido y peligroso, Washington justifica ante la comunidad internacional la adopción de medidas coercitivas y extraordinarias, como el despliegue naval en el Caribe y las sanciones económicas, enmarcándolas como acciones necesarias para proteger la seguridad nacional y regional.