La designación por parte de Washington es un paso crucial, ya que proporciona el marco jurídico para justificar acciones más contundentes, incluyendo sanciones económicas severas y la posibilidad de operaciones militares bajo la premisa de la lucha contra el terrorismo. Funcionarios como la fiscal general Pam Bondi y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado que, desde la perspectiva estadounidense, el gobierno de Maduro no es una entidad política legítima, sino el liderazgo de una “organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”. Esta narrativa criminaliza al régimen y a sus principales figuras, como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, a quienes se acusa de estar directamente involucrados en el tráfico de drogas. La decisión de Ecuador de seguir los pasos de Estados Unidos es significativa, ya que representa un alineamiento de un país sudamericano con la política de máxima presión de Washington. El decreto ejecutivo ecuatoriano califica al Cartel de los Soles como “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, y ordena a sus agencias de inteligencia evaluar la influencia de esta organización en Ecuador. Caracas, por su parte, ha rechazado estas designaciones, calificándolas como un “invento” de Estados Unidos para justificar una agresión.