El objetivo declarado es fortalecer la “movilidad, conexión, transporte, comercio” y, simultáneamente, “redoblar la lucha directa contra las bandas violentas y criminales”.

Sin embargo, esta iniciativa surge en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos y es percibida por algunos analistas como una medida de alto riesgo estratégico. Un artículo advierte que la libre circulación de personas y mercancías en esta zona podría transformarla en un “santuario para el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y tráfico de armas”, especialmente si las estructuras estatales continúan al servicio de economías ilícitas. La postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, añade complejidad, ya que, si bien apoya la lucha contra el narcotráfico, insiste en el respeto a la soberanía, creando un delicado equilibrio diplomático entre sus relaciones con Washington y Caracas.