La administración Trump ha implementado una serie de medidas que endurecen las políticas migratorias y de visado, afectando directamente a ciudadanos de Venezuela y otros países latinoamericanos. Estas acciones incluyen una mayor vigilancia de redes sociales y la revocación de miles de visas estudiantiles. En el marco de su política de máxima presión, el gobierno de Donald Trump ha extendido sus acciones al ámbito migratorio, afectando a miles de personas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ampliará la verificación de redes sociales para todos los solicitantes de visado, buscando opiniones “antiestadounidenses”. Un portavoz del USCIS declaró que “los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses”. Esta medida, aunque no define explícitamente qué constituye un sentimiento antiestadounidense, se ha aplicado para denegar o revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior de EE.
UU.
Paralelamente, el Departamento de Estado ha revocado más de 6.000 visas de estudiantes en lo que va del año, principalmente por violaciones a la ley o al estatus migratorio. Estas acciones se suman a la deportación de un número récord de colombianos y a la ofensiva contra la inmigración irregular, lo que refleja una estrategia integral que utiliza el control migratorio como una herramienta más de presión y control en su relación con los países de la región, incluida Venezuela.
En resumenLa administración Trump ha intensificado su control migratorio, implementando una vigilancia más estricta de las redes sociales de los solicitantes de visa y revocando miles de permisos estudiantiles. Estas medidas forman parte de una política más amplia que utiliza la inmigración como una herramienta de presión en sus relaciones con América Latina.