El documento judicial, al que tuvo acceso Cuestión Pública, imputa cuatro delitos principales, incluyendo conspiración de narcoterrorismo. Entre los actos descritos, se afirma que el régimen venezolano proveyó protección y apoyo logístico para el transporte de cocaína, mencionando alianzas con las FARC y el ELN. Se detallan episodios como la visita de Diosdado Cabello a pistas clandestinas del ELN en la frontera entre 2022 y 2024 para asegurar el paso de cargamentos, y una reunión del hijo de Maduro en Medellín en 2020 con representantes de las FARC para mover cocaína y armas. Esta información es utilizada por la oposición para cuestionar la legitimidad de las negociaciones de la "Paz Total" con grupos que, según EE.

UU., son socios de un "narco-Estado".

Figuras como el senador Iván Cepeda, por su rol histórico en procesos de paz, son señaladas por sus contradictores, quienes buscan vincularlo con la supuesta red de apoyo al régimen venezolano y a las FARC, hoy calificadas por la justicia estadounidense como una organización narcoterrorista en este contexto.