Las acciones legales fueron interpuestas por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.

Entre los denunciados se encuentran los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández) y María Fernanda Cabal, y la representante a la Cámara Lina María Garrido.

El fundamento de las denuncias son publicaciones en la red social X donde los congresistas habrían expresado su respaldo a las declaraciones de Donald Trump o manifestado su deseo de una acción similar a la de Venezuela en Colombia. El ministro Sanguino afirmó que "llamar o incentivar acciones militares extranjeras contra el país vulnera principios fundamentales de la Constitución". Sin embargo, expertos juristas han señalado que estas denuncias tienen escasas posibilidades de prosperar en el ámbito penal, ya que los delitos invocados son de difícil configuración y podrían estar amparados por la libertad de expresión. Por ello, la movida es interpretada principalmente como una estrategia política para estigmatizar a la oposición y radicalizar el debate en medio de la crisis diplomática.