Los artículos señalan que el presidente dejó para el año electoral sus medidas más fuertes, incluyendo este proyecto.

La iniciativa genera una profunda división. Mientras el gobierno la presenta como una forma de refrendar el pacto social de 1991 y superar los “falsos dilemas” entre crecimiento económico y justicia social, la oposición la interpreta como un intento de perpetuarse en el poder o de imponer un modelo político afín al “castrochavismo”. El debate se centra en si la propuesta busca enterrar la Constitución de 1991 o, por el contrario, realizar las promesas incumplidas de esta. La Constituyente se perfila no solo como una reforma legal, sino como el campo de batalla simbólico donde se disputarán las visiones de país en las próximas elecciones presidenciales.