Esta decisión es defendida por figuras como Clara López Obregón como una interpretación constitucionalmente necesaria y no una extralimitación.

Sin embargo, la medida enfrenta una fuerte oposición de sectores que advierten sobre sus posibles efectos negativos, como la informalidad y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.

La economista y exministra Cecilia López es citada expresando su preocupación por los trabajadores menos calificados, como porteros y empleadas domésticas, quienes podrían ser los más perjudicados.

Este debate refleja el choque entre dos proyectos de país: uno que prioriza la dignificación del trabajo como motor de la democracia y la demanda interna, y otro que se enfoca en la ortodoxia macroeconómica y la estabilidad fiscal. La controversia sobre si un salario digno destruye la economía o, por el contrario, la fortalece al reducir la desigualdad, será sin duda un eje central en la campaña presidencial de 2026.