Mientras que a nivel interno la investigación no ha producido resultados concluyentes, un proceso federal en EE.

UU. opera con una lógica diferente, centrada en reconstruir redes criminales y seguir las rutas del dinero (“follow the money”).

La hipótesis de que fondos de origen venezolano pudieran haber ingresado a la campaña de Petro pasa de ser un rumor a una línea de investigación plausible para las autoridades estadounidenses.

El indictment contra Maduro describe un Estado convertido en una red criminal que utiliza recursos ilícitos como herramienta política, un patrón que, según los textos, presenta correlaciones con lo que sugiere el escándalo Benedetti.

La captura de Maduro crea un poderoso incentivo para la cooperación, y si algún testigo menciona “apoyos políticos en Colombia”, los fiscales estadounidenses tendrían motivos para investigar. Esto representa un riesgo de “segunda derivada” para Petro: aunque no sea el objetivo principal, podría convertirse en una figura relevante en la narrativa judicial que se construye en Nueva York. La falta de una investigación diligente por parte de la Fiscalía colombiana podría ser interpretada internacionalmente como una falla en el deber de investigar, debilitando la cooperación judicial y dejando al gobierno expuesto.