La captura de Nicolás Maduro y la reactivación de su proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) por narcoterrorismo en alianza con las FARC han generado un “efecto espejo” que impacta directamente la carrera presidencial del senador Iván Cepeda. Aunque no está imputado, su figura como uno de los favoritos del oficialismo y su historial de defensor de los procesos de paz lo convierten en un blanco político vulnerable ante una narrativa que ahora tiene peso judicial en Estados Unidos. El núcleo del problema radica en que el indictment contra Maduro no habla de las FARC como un actor del pasado, sino como un “socio criminal transnacional” en una conspiración para traficar cocaína. Esto, según los análisis, convierte la asociación política de Cepeda con el mundo FARC en un “campo minado electoral”. Controversias pasadas, como la de los computadores de Raúl Reyes, aunque judicialmente debilitadas en Colombia, se reactivan en el debate público. La discusión ya no es sobre su valor probatorio local, sino sobre el significado político de que el caso Maduro-FARC esté activo en una corte federal estadounidense. El expediente del SDNY menciona explícitamente a figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich, lo que convierte a las FARC en un “sujeto procesal” y no solo en un relato histórico.
Esto expone a Cepeda a ser presentado por sus adversarios como el rostro de una política de negociación con actores que la justicia de EE.
UU. considera terroristas.
La situación se agrava por su condición de puntero en algunas encuestas, lo que lo convierte en un “blanco total”. La captura de Maduro transforma la trayectoria de Cepeda en un “plebiscito viviente” sobre la política de paz, enfrentando la narrativa de “mano dura internacional” contra la de “arquitectura de negociación”.
En resumenLa reactivación del caso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, centrado en su alianza con las FARC, expone políticamente al precandidato Iván Cepeda. Su defensa histórica de la paz negociada es ahora un flanco que sus opositores explotan, enmarcando la elección de 2026 como una decisión entre la justicia transnacional y los diálogos con actores armados.