Los encuestadores consultados por El Nuevo Siglo alegan que la nueva normativa impone altos costos y presenta ambigüedades, lo que desincentiva la realización y difusión de sondeos. Esta ausencia de mediciones fiables y constantes dificulta el seguimiento del pulso electoral y el posicionamiento real de los precandidatos.

En un entorno con poca información demoscópica, el debate público puede ser más susceptible a la desinformación y a las narrativas impuestas por las campañas políticas, en lugar de basarse en datos objetivos sobre las preferencias del electorado. La situación contrasta con años anteriores, donde las encuestas eran una herramienta constante para analizar el panorama político.

La última medición de Invamer, citada en uno de los textos, mostraba una caída en la intención de voto de Vicky Dávila, pero la falta de más estudios impide confirmar si se trata de una tendencia o un dato aislado.

Esta nueva realidad regulatoria obliga a candidatos, analistas y ciudadanos a navegar un escenario electoral con menos visibilidad, donde las percepciones y la movilización en terreno podrían jugar un papel aún más decisivo.