El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusó a Petro de actuar “como los dictadores”, advirtiendo sobre los riesgos institucionales. Precandidatos de oposición e independientes han calificado la movida como una “jugada del gobierno para quedarse en el poder”. Incluso voces más moderadas como la de Humberto de la Calle han expresado su preocupación, aunque reconocen que es un error decir simplemente que la Constitución de 1991 no se debe tocar. El debate jurídico se ha intensificado, con constitucionalistas señalando que, si bien la propuesta funciona como un movilizador político, su viabilidad enfrenta estrictos requisitos constitucionales que no pueden ser ignorados.