Para acceder a estos beneficios, se acreditó como “pequeño productor”.

La senadora Cabal defendió la operación, afirmando: “No es un subsidio. El ICR es un incentivo a la capitalización rural”.

Sin embargo, la investigación periodística, liderada por Daniel Coronell, detalla que en la práctica se trata de dinero público que no debe ser reintegrado. La polémica se intensificó al conocerse que el crédito fue respaldado en un 80 % por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), actuando el Estado como fiador principal, y que el proyecto se desarrollaría en un predio de la empresa Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., cuyos socios son la propia senadora y sus hijos. Adicionalmente, su esposo, José Félix Lafaurie, era miembro de la junta directiva de Finagro, la entidad rectora, cuando se tramitó el crédito. El caso generó un acalorado debate público y un enfrentamiento mediático entre Lafaurie y Coronell, afectando la imagen de Cabal durante la fase final de la contienda interna del Centro Democrático.