Las revelaciones, basadas en archivos incautados, han desatado una crisis institucional y múltiples investigaciones disciplinarias y penales.

El escándalo, destapado por Noticias Caracol, se centra en el general Juan Miguel Huertas, jefe de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las pruebas, extraídas de computadores y celulares del grupo armado, sugieren una presunta coordinación para favorecer a los disidentes, incluyendo la posible creación de empresas de seguridad fachada. El presidente Petro inicialmente desestimó las acusaciones como un engaño de la CIA y una retaliación por la lucha de su gobierno contra la corrupción militar, pero luego ordenó un examen forense a los chats. Como consecuencia directa, la Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses a Huertas y a Mejía de sus cargos, argumentando que podrían interferir en la investigación. Mejía, quien negó conocer a "Calarcá", anunció su renuncia a su puesto como representante presidencial en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. La Fiscalía reconoció la gravedad de la información y abrió sus propias indagaciones, mientras el Senado aprobó un debate de control político sobre el asunto, que golpea directamente la credibilidad de la política de "Paz Total".