Esta decisión marca la primera vez que se sanciona una campaña presidencial en ejercicio en Colombia y genera profundas implicaciones políticas y judiciales. La decisión, aprobada con una votación de 6 a 3, concluyó que la campaña violó los topes en más de 3.000 millones de pesos y ocultó gastos significativos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos no reportados a más de 35.000 testigos electorales, donaciones prohibidas de sindicatos como Fecode y la USO, y la omisión de un préstamo de 500 millones de pesos del Polo Democrático. Como resultado, se impusieron multas que rondan los 6.000 millones de pesos a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, así como a la tesorera y la auditora.

Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también fueron sancionados.

El presidente Petro rechazó la decisión, calificándola de parcializada y extemporánea. En su cuenta de X, afirmó: “No aceptamos esa decisión administrativa”, y denunció que “el conjuez es el abogado de ‘Fico’”.

La vicepresidenta Francia Márquez la calificó como un acto de desesperación de la oposición. La sanción pone en entredicho la continuidad de Roa en Ecopetrol, especialmente porque el CNE compulsó copias a la Fiscalía para que sea investigado por fraude procesal y a la Comisión de Acusaciones para que investigue al presidente. La defensa de la campaña puede interponer un recurso de reposición ante el CNE y, posteriormente, acudir al Consejo de Estado.