La Procuraduría abrió una investigación contra el general Juan Miguel Huertas y el jefe de operaciones de la DNI, Wilmer Mejía, para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. De manera similar, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, anunció que el Ejército adelantará sus propias indagaciones.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, también ordenó una investigación y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia por el fuero del general Huertas. Sin embargo, la Fiscalía ha sido objeto de críticas, ya que la investigación de Noticias Caracol reveló que la entidad tenía en su poder los dispositivos incautados con la información desde julio de 2024 sin que se conocieran avances. La presión internacional se sumó a través de un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., quien declaró: “instamos a la administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo esas acusaciones y tomar las medidas pertinentes”. El Congreso también ha reaccionado, citando a un debate de control político al ministro de Defensa y a los directores de la DNI y la UNP.