El presidente Gustavo Petro ha negado categóricamente las acusaciones de vínculos de su gobierno con las disidencias de 'Calarcá', calificando los informes periodísticos como "falsos". El mandatario defendió a los funcionarios implicados, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía de la DNI, y sugirió que las revelaciones son una retaliación por su lucha contra la corrupción interna en las Fuerzas Militares. A través de su cuenta en la red social X, el presidente afirmó: “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos”.
Petro también atribuyó el origen de la información a la CIA, declarando que “la fuente del periodista es la CIA”, y acusó a la agencia de intentar afectar a la opinión pública. En un consejo de ministros televisado, el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación realizar un “examen de informática forense” a los chats revelados, asegurando que solo tomará decisiones “con un aval de informática forense”.
La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció, rechazando cualquier nexo y calificando las menciones a su nombre como una “infamia” sin pruebas. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aunque ordenó una investigación interna, descartó la salida del general Huertas de su cargo hasta que se compruebe su culpabilidad.
En resumenLa respuesta del Ejecutivo al escándalo 'Calarcá' ha sido una defensa férrea de los funcionarios señalados, enmarcando las denuncias como un ataque político, al tiempo que condiciona cualquier acción administrativa a la verificación forense de las pruebas presentadas.