El acuerdo enfrenta un intenso escrutinio.

La Contraloría General ha exigido el expediente completo de la compra, buscando entender las razones técnicas y económicas para elegir los aviones suecos sobre las alternativas estadounidenses y francesas. Para agravar el escándalo, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Suecia, alegando un posible soborno extranjero. La denuncia destaca una 'correlación (aunque no una prueba)' entre la lujosa y prolongada estancia de la primera dama, Verónica Alcocer, en Estocolmo y la finalización del contrato de defensa. Esto ha alimentado una narrativa, amplificada por la oposición, de un posible conflicto de intereses o beneficios ilícitos. El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha reaccionado airadamente a las preguntas sobre comisiones, calificándolas de 'ofensivas'. La controversia se ha convertido en una poderosa herramienta política para los opositores, quienes vinculan la costosa compra militar con las prioridades de gasto social del gobierno y el estilo de vida de la primera dama.