Incluso después de la prohibición, los impactos negativos de la ley persisten debido a importantes ambigüedades legales. Como afirma Víctor Muñoz, director de Guarumo, 'La ley no es clara en absolutamente nada'.

Los problemas clave incluyen criterios vagos sobre qué candidatos 'notorios' deben ser incluidos, lo que obliga a los encuestadores a elegir entre listas inmanejables de más de 100 aspirantes o arriesgarse a impugnaciones legales. Además, el estricto requisito de un margen de error máximo del 3% para 'cada indicador publicado' ha llevado a diferentes interpretaciones, haciendo que las encuestas de distintas firmas sean incomparables. Estos riesgos técnicos y legales, que incluyen responsabilidad penal para los encuestadores, han llevado a grandes firmas como Invamer y Guarumo a suspender sus encuestas públicas.

Esto ha creado una asimetría de información: mientras el público queda a oscuras, 'los candidatos o gremios con recursos pueden ver regiones y edades con detalle, mientras que el público no', ya que las encuestas privadas no tienen que cumplir con las mismas regulaciones.