Un operativo militar contra disidencias de 'Iván Mordisco' en Calamar, Guaviare, que resultó en la muerte de siete menores de edad reclutados forzosamente, ha generado una profunda crisis política para el gobierno de Gustavo Petro. El suceso ha puesto en tela de juicio la coherencia de la política de seguridad del mandatario, quien en el pasado fue un férreo crítico de este tipo de acciones. El presidente Petro defendió la operación, argumentando que tomó la decisión personalmente para evitar una emboscada a 20 soldados y que no existía información de inteligencia sobre la presencia de menores en el campamento. “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes”, declaró en su cuenta de X. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó el bombardeo con una controvertida frase: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección; lo que mata no es la edad, es el arma”. Esta postura ha sido comparada con la del ministro de Defensa del gobierno Duque, quien en una situación similar afirmó que los grupos ilegales convertían a los jóvenes en “máquinas de guerra”. La controversia se ha intensificado por el giro en la postura de Petro, quien como senador calificó acciones similares como crímenes de guerra.
Ahora, desde la presidencia, utiliza razonamientos parecidos a los que antes criticaba.
El escándalo ha provocado una moción de censura contra el ministro Sánchez, impulsada por las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao. Voces de todo el espectro político han reaccionado, desde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien condenó las acciones por estar “prohibidas por el derecho humanitario”, hasta la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien cuestionó si se trataba de un crimen de guerra.
En resumenEl bombardeo en Guaviare ha expuesto una aparente contradicción en la política de seguridad del gobierno Petro, generando una tormenta política que incluye una moción de censura contra el Ministro de Defensa y un intenso debate nacional sobre el uso de la fuerza y la protección de menores en el conflicto.