El exsenador y hoy ministro anunció que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El allanamiento a una figura tan prominente del gobierno Petro añade una capa de tensión política y judicial al ya complejo panorama nacional.
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La residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue objeto de un allanamiento por orden de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho que el propio funcionario calificó como un "abuso de poder". La diligencia judicial, confirmada por Benedetti a través de redes sociales y entrevistas radiales, se enmarca en una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana. Benedetti ha denunciado públicamente lo que considera una persecución judicial en su contra. Sostiene que la Corte Suprema no tiene competencia para investigarlo, dado que dejó su escaño como congresista hace más de tres años, y que los hechos indagados ocurrieron entre 2023 y 2025. El ministro afirma que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por un supuesto interés en incriminarlo y la acusa de adelantar investigaciones ilegales contra él y más de 50 de sus familiares. "Ella [Lombana] es una delincuente, porque la Sala ya le ha dicho que no hay nada que investigar y ella sigue", sentenció Benedetti en una entrevista.



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