La personería jurídica del Pacto Histórico, coalición de gobierno, se encuentra en el centro de un crucial debate legal en el Consejo de Estado. Este tribunal analiza una demanda que busca suspender y, en última instancia, anular el estatus de partido político de la agrupación, lo que tendría profundas implicaciones para su futuro electoral. La controversia jurídica es un obstáculo significativo para los planes de la coalición de cara a las elecciones de 2026.
El Pacto Histórico ha manifestado su intención de que los diversos partidos que lo conforman se fusionen en una sola entidad política. Este paso es fundamental para poder presentar listas conjuntas a la Cámara de Representantes y consolidar su fuerza en el Congreso.
Sin embargo, la incertidumbre sobre su estatus legal complica esta estrategia. En una audiencia reciente ante el alto tribunal, tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Procuraduría General de la Nación defendieron la legalidad de la personería jurídica otorgada a la coalición petrista. La decisión final del Consejo de Estado será determinante no solo para la estructura organizativa del Pacto Histórico, sino también para su capacidad de competir como una fuerza unificada en los próximos comicios.
En resumenEl Consejo de Estado tiene en sus manos el futuro del Pacto Histórico como partido político. Mientras el CNE y la Procuraduría defienden su legalidad, la decisión del tribunal es crucial para la estrategia de la coalición de fusionarse y presentar listas unificadas en 2026, en medio de los "obstáculos jurídicos" que la propia agrupación reconoce.